Un juez federal rechazó suspender provisionalmente las sanciones impuestas en abril pasado contra Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director general de la empresa brasileña Odebrecht en México.

Francisco Rebolledo Peña, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, admitió hoy a trámite un amparo promovido el 8 de mayo por De Meneses para cuestionar la legalidad de las sanciones anunciadas el 17 de abril, consistentes en multa de 1.2 millones de pesos e inhabilitación para acceder a contratos públicos durante 2 años y 3 meses.

Sin embargo, el juez rechazó conceder una suspensión para congelar la sanción o su difusión pública mientras se litiga el amparo, lo que tomará varios meses.

La Unida de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial impuso las mismas sanciones a Gleiber José de Faria, ex director de Administración y Finanzas de Odebrecht en México.

Este último promovió su amparo el 27 de abril, y el juez Rebolledo le concedió el pasado lunes una suspensión definitiva, cuyos alcances no se conocen públicamente, pero seguramente se limitan a frenar el cobro de la multa de 1.2 millones de pesos, que corresponde ejecutar al SAT.

De Meneses acusó ante autoridades de Brasil a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, de haber recibido un soborno de 10 millones de dólares en 2012, cuando era coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Las sanciones contra los ex ejecutivos de Odebrecht fueron las primeras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto contra directivos de una empresa.

Los castigos derivaron de simulaciones e incumplimientos en el contrato de mil 811 millones de pesos adjudicado sin licitación el 12 noviembre de 2015 para la la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

Según la SFP, se presume que la Construtora Norberto Odebrecth “durante la ejecución del contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 en su carácter de cedente, evadió el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo”.

Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, en tanto, fue la cesionaria del contrato, es decir, la que recibió las obligaciones derivadas del mismo, y según la SFP, “simuló” el cumplimiento, que también es la conducta que se imputa a De Meneses y De Faria.

Odebrecht, como empresa, ya había sido inhabilitada en diciembre y febrero pasados, pero por otro contrato de febrero de 2014 para el acondicionamiento de sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas del mismo proyecto en Tula, que se firmó por mil 465 millones de pesos.

Víctor Fuentes
Agencia Reforma