Una queja contra el daño ambiental que ocasiona la producción de aguacate mexicano fue reactivada en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Conforme el recurso presentado ante la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, México incurre en omisiones para la aplicación efectiva de sus leyes ambientales que eviten esos daños.

El peticionario, cuya identidad se reserva, sostiene que México incumple la protección de recursos forestales e hídricos en Michoacán ante el impacto ambiental y la deforestación causados por la ininterrumpida expansión de las plantaciones de aguacate.

Indica que, de acuerdo con estudios sobre cambio de uso de suelo forestal en la meseta purépecha, entre 1976 y 2005 los municipios de la región perdieron entre 25 y 35 por ciento de bosques.

“Diversos especialistas refieren que el ritmo de deforestación y crecimiento de la superficie de aguacate se ha magnificado del 2005 al 2021, lo que puede generar cifras muy preocupantes, por la falta de regulación adecuada, políticas públicas, así como de acciones de protección y preservación ambiental”, apunta la petición
SEM-23-002.

Además, advierte, el uso indiscriminado de plaguicidas en la zona aguacatera de Michoacán ha ocasionado entre otras cosas, la contaminación del agua.

“El uso excesivo de químicos, fertilizantes y pesticidas afecta los mantos freáticos y contamina los ríos y arroyos de la región aguacatera. Ello impacta las tierras, comunidades y personas de muchos kilómetros río abajo por donde pasan esos afluentes”, señala.

La producción del aguacate en Michoacán, advierte, se realiza en un entorno de debilidad institucional y regulatoria, que genera “informalidad ambiental”.

Y no hay registro, reprocha, de coordinación administrativa, ni construcción de política pública conjunta entre instancias federales como la Semarnat, la Profepa y la Secretaría de Agricultura con el gobierno de Michoacán.

“El Secretariado de la CCA revisará la petición en un plazo de 30 días y determinará si cumple con los requisitos del artículo 24.27 (1), (2) y (3) del T-MEC”, indicó la comisión en un comunicado.

Los requisitos incluyen, además de aspectos formales, la presentación de pruebas documentales del presunto incumplimiento de la ley.

Érika Hernández I Agencia Reforma