Las empresas que sirvieron de puente para dispersar 708.2 millones de pesos en efectivo que fueron saqueados de la Sedesol y la Sedatu han operado sin ser detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Hasta el momento, la autoridad fiscal sólo ha declarado oficialmente como empresas fantasma a Comercializadora HDP y a Serviúnicos y Desarrollo Publicitario ADP, las cuales ingresaron a la lista negra entre octubre de 2017 y marzo pasado.

Estas compañías figuraron como proveedores de entidades públicas que firmaron convenios con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Las tres recibieron recursos que tuvieron su origen en éstas dependencias.

Comercializadora HDP recibió 267 millones de pesos, Serviúnicos obtuvo 56 millones de pesos y Desarrollo Publicitario percibió 69 millones de pesos.

Estas firmas, de acuerdo con información recabada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la que REFORMA tuvo acceso, convirtieron parte de esos recursos en efectivo y, a través del Servicio Panamericano de Protección y Cometra, los dispersaron en distintos domicilios de la Ciudad de México y otras entidades del País.

Las empresas que aún no han sido enlistadas son Comercializadora Devolviendo Confianza, Servicios Fiscales en Administración SiC, Comercializadora Telaraña, Acabados Constrarqu, Compu Draz Comercializadora, Servicios Arroba.com, Harmeless Invention de México, Comercializadora Green Recyt, Servicios NLMK, Sttudio Originale Capicci, Comercializadora Merchadise, así como Servicios Empresariales Helte.

Grupo REFORMA informó ayer que Servicios Empresariales Helte, Devolviendo Confianza y Green Recyt fueron creadas con socios de papel, es decir, personas que presuntamente fueron víctimas de robo de identidad; sin embargo, aún no han sido enlistadas por el SAT.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, el SAT está obligado a publicitar en el Diario Oficial de la Federación los nombres de aquellas empresas que hayan expedido facturas sin contar con los recursos materiales y humanos necesarios para proveer los bienes o servicios que presuntamente prestaron.

Además, las compañías que aparentemente hicieron transacciones con las enlistadas están obligadas a demostrar que sus operaciones fueron reales.

En el caso de Comercializadora Devolviendo Confianza, en 2015 el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al SAT que realizara una verificación de la actividad de la compañía, debido a que detectó que ésta emitía facturas con un domicilio distinto al que tenía registrado ante la propia autoridad fiscal.

Además, al llevar a cabo una visita al primer domicilio, en el marco de una revisión al reporte de gastos presentado por el PAN, acreditó que dicha empresa nunca había ocupado el inmueble.

Rolando Herrera
Agencia Reforma