El presidente Sebastián Piñera reconoció este jueves que la Policía de Chile incumplió protocolos de uso de la fuerza y que la justicia determinará si violaron los derechos humanos, mientras Amnistía Internacional denunció una “política deliberada” para castigar a manifestantes durante las protestas que no cesan.

Debido a que crecen las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza en la represión a las manifestaciones que estallaron hace un mes, el mandatario reconoció que en algunos casos no se cumplieron las reglas establecidas en los protocolos creados en su primer gobierno (2010-2014), revisados y aprobados por organismos de derechos humanos en  marzo pasado.

“Si no se cumplieron esos protocolos, y yo creo que es posible que en algunos casos no se cumplieron, eso va a ser investigado por la Fiscalía y va a ser sancionado por los tribunales de Justicia”, dijo Piñera en un encuentro con periodistas de  medios extranjeros.

Las protestas estallaron el 18 de octubre y hasta ahora hay saldo de 22 muertos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta unos 2 mil heridos, mientras que organizaciones sanitarias afirman que más de 280 personas sufrieron daño ocular severo por disparos de perdigones.

Ningún funcionario de la Policía murió en las manifestaciones, pero la institución contabiliza unos mil 600 agentes heridos.

La fiscalía informó que hasta el 31 de octubre se abrieron alrededor de mil 89 investigaciones penales por denuncias de violencia policial, 24 por presuntas torturas y nueve causas por supuesto abuso sexual o violación.

Según Piñera, el restablecimiento del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana tiene que hacerse primero por la sola presencia de la Policía. Si eso no es suficiente “con diálogo, disuasión y convencimiento”, se usan elementos disuasivos, como carros lanza agua o lacrimógenas.

Piñera habló después de que se hiciera público un reporte de Amnistía Internacional (AI) que denunció que las fuerzas de seguridad chilenas están cometiendo “ataques generalizados” y usando la fuerza “de manera innecesaria y excesiva” para castigar  a los manifestantes.

AFP I Santiago