El precandidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a diputado local y exedil Julio Soto Márquez, denunciado 15 de diciembre en la carpeta de investigación 18-2017-04271 por faltantes en requisitos de obra y pendiente financiero, dijo que el proceso tiene la finalidad de privarlo de sus derechos político-electorales.
Según Soto, el presidente municipal priísta Fernando Pérez Rodríguez actúa con “dolo” y de forma “infundada”.
El exedil panista insistió en que la denuncia interpuesta por el gobierno local busca perjudicarlo pues, entre otros señalamientos, pretenden imputarle un delito que, en caso de acreditarse, se cometió en la gestión del actual diputado federal Jorge Márquez Alvarado, aseveró.
Aseguró que, de este tema, en su momento, notificaron a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
“Es relativo a los estados financieros por 400 mil pesos, si no fuera una cuestión tan seria resultaría cómico que se pretenda hacerme responsable de esos hechos, de los que la administración actual ha solicitado que denunciemos, a sabiendas de que carecemos de
la personalidad jurídico necesaria”, justificó.
Según el exedil, el gobierno local ha “obstaculizado” el proceso para concluir temas administrativos y de obra.
De acuerdo con la ASEH, el año pasado la gestión de Soto tuvo que concluir obras derivadas de la fiscalización de la cuenta pública 2015 por 16 mil 606.30 pesos. Del ejercicio 2014, el ente inició en 2016 una denuncia (18-2016-12109) y un proceso administrativo resarcitorio por 4 millones 807 mil 604 pesos; de los cuales, el exalcalde acusó a Jonathan Barrón Bracho, entonces del predial, así como a una cajera, de desviar un millón 160 mil pesos.
“No me sorprende la actitud de Fernando Pérez, quien padece el síndrome de Aquiles o alpinismo de ladrillo, ha perfilado su administración con poca tolerancia a la crítica y demasiada soberbia”
María Antonieta Islas I Tulancingo
Julio Soto Márquez