El mapa que decide el futuro de Hidalgo

En un país donde la política ambiental suele reducirse a discursos de coyuntura, Hidalgo está probando algo distinto: ordenar el territorio antes de que el caos urbano lo haga por decreto. 

La apuesta se llama Ordenamiento Ecológico Local, y aunque su nombre suena a trámite burocrático, es en realidad el documento que determina dónde puede construirse una fábrica, dónde debe protegerse un bosque y dónde, simplemente, no debería vivir nadie.

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El Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) es la herramienta legal mediante la cual un municipio —o un grupo de municipios— define los usos permitidos del suelo con base en su aptitud ambiental: qué zonas soportan crecimiento urbano, cuáles deben conservarse, cuáles son vulnerables a riesgos y cuáles ya están saturadas. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) lo describe como la herramienta estratégica que debe regirse bajo principios de legalidad, transparencia, sustentabilidad, corresponsabilidad y participación social.

No es un instrumento aislado. Complementa al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial estatal, formulado a escala 1:50,000, que funciona como base para los planes municipales de desarrollo urbano y los atlas de riesgo de cada municipio. 

La lógica detrás de esta arquitectura es simple: el ordenamiento estatal traza el panorama general; el POEL lo aterriza a la escala donde realmente se toman las decisiones que importan, la del municipio.

Hidalgo ha entrado en una fase de formalización acelerada de estos instrumentos en un número inusualmente amplio de municipios: convenios de coordinación entre la Semarnat federal, su homóloga estatal y ayuntamientos como Atotonilco de Tula, Tlanalapa, Tolcayuca, Zapotlán de Juárez, Zempoala y Villa de Tezontepec; licitaciones para formular ordenamientos territoriales en Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Tepetitlán, Tula de Allende y San Agustín Tlaxiaca; y un proceso de consulta pública para el POEL de Mineral de la Reforma.

Lo relevante no es cada trámite en sí, sino el patrón que revelan en conjunto: el gobierno estatal está tratando de cubrir, casi simultáneamente, tanto municipios ya consolidados como zonas todavía rurales que empiezan a sentir presión de crecimiento. 

Esa simultaneidad sugiere que la urgencia ya no es solo de los municipios metropolitanos —donde el daño ambiental y social ya es visible— sino también de los municipios que aún tienen margen para evitarlo. Es, en el fondo, una carrera contra el tiempo entre la planeación y la urbanización espontánea.

Si existe un municipio que ilustra lo que ocurre cuando el ordenamiento llega tarde, es Mineral de la Reforma. Junto con Pachuca de Soto, conforma el núcleo de la Zona Metropolitana de Pachuca (ZMP), integrada por siete municipios según la delimitación de Sedatu, Conapo e Inegi. En dos décadas recientes, Pachuca y Mineral de la Reforma sumaron juntos más de 160 mil nuevos habitantes, consolidándose como los municipios de mayor crecimiento poblacional de la zona.

Ese crecimiento no vino acompañado de planeación. Estudios académicos documentan que la ZMP ha experimentado una transformación acelerada del uso del suelo rural a urbano, con una expansión dispersa y desordenada de la mancha urbana, especialmente en los municipios centrales. 

Un análisis con imágenes satelitales identificó a la conurbación Pachuca–Mineral de la Reforma, junto con Tetepango y Tizayuca, como las zonas de mayor tasa de crecimiento urbano de todo el estado.

El mecanismo detrás de este deterioro es reconocible en casi cualquier ciudad media mexicana: crecimiento poblacional acelerado sin instrumentos actualizados, expansión anárquica de la mancha urbana, insuficiencia de servicios públicos, deterioro del equipamiento existente, y especulación con el encarecimiento del precio del suelo. 

La relación entre el municipio central y sus áreas conurbadas —sobre todo Mineral de la Reforma— ha sido, según estos estudios, una disputa histórica por el territorio y los recursos económicos, no un simple desajuste técnico.

El dato que mejor explica por qué el problema se volvió estructural es este: de los siete municipios que integran la ZMP, solo Pachuca y Mineral de la Reforma cuentan con Programas de Desarrollo Urbano propios, y estos arrastran más de una década de desfase frente a la realidad urbana que pretenden regular. Epazoyucan, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala ni siquiera cuentan con ese instrumento, por lo que las decisiones de uso de suelo recaen directamente en el gobierno estatal. 

Un instrumento de planeación que llega 10 años tarde no es, en la práctica, un instrumento de planeación: es un registro de lo que ya ocurrió.

El ordenamiento ecológico no es solo un ejercicio técnico de gabinete; es también el terreno donde se libran disputas concretas entre comunidades, autoridades y proyectos de infraestructura. 

El caso del relleno sanitario en Tezontepec —documentado por organizaciones de la sociedad civil hidalguense— ilustra cómo la ausencia de una planeación territorial clara puede derivar en conflictos entre municipios vecinos por la ubicación de infraestructura de alto impacto ambiental.

De forma similar, el proceso de consulta del POEL de Mineral de la Reforma responde a tensiones previas por el uso de suelo en un municipio que se transformó de rural a metropolitano en poco tiempo. En ambos casos, el conflicto no fue causado por el ordenamiento: fue causado por su ausencia.

La región del Valle del Mezquital ofrece una advertencia distinta y, en cierto sentido, más útil. A pesar de tener un uso del suelo predominantemente agropecuario, esta zona presenta ya una alta densidad vial, lo que la convierte en una región con potencial de expansión urbana a mediano plazo. 

Es, en otras palabras, el tipo de territorio donde el ordenamiento ecológico todavía puede anticiparse al problema, en lugar de llegar —como ocurrió en Pachuca— cuando el daño ya es estructural.

Municipios como Tolcayuca, Tizayuca y Zapotlán de Juárez enfrentan ya una presión demográfica derivada del agotamiento de suelo habitable en Ciudad de México y Estado de México, con el riesgo de convertirse en ciudades dormitorio si la construcción de vivienda continúa autorizándose sin una visión de largo plazo. 

Que estos municipios —junto con Atotonilco de Tula, Tlanalapa y Zempoala— estén formalizando ya sus propios POEL no es casualidad: es un intento deliberado de anticiparse antes de que se repita el patrón de Pachuca–Mineral de la Reforma en una nueva generación de municipios.

El sustento jurídico de todo este andamiaje es la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, que establece explícitamente la participación de los municipios, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas, ejidos, comunidades y pequeños propietarios en los instrumentos de planeación urbana, ecológica y de ordenamiento territorial del estado. 

Reformas recientes han incorporado, entre otros temas, el aprovechamiento del agua pluvial dentro de estos instrumentos de planeación, lo que sugiere que el marco normativo se sigue ajustando a presiones ambientales que antes no se contemplaban explícitamente, como la disponibilidad hídrica.

Ningún ordenamiento ecológico, por bien diseñado que esté, sustituye la voluntad política de respetarlo. La experiencia de la Zona Metropolitana de Pachuca demuestra que los instrumentos de planeación pueden existir en papel durante años sin impedir la expansión desordenada, sobre todo cuando llegan tarde o se actualizan con años de retraso frente a la realidad del territorio. 

El instrumento nunca fue el problema; el problema fue actuar después de que el territorio ya estaba comprometido.

Por eso el momento actual en Hidalgo importa: no se trata de redactar un documento más, sino de decidir si los municipios que aún no han sido devorados por el crecimiento metropolitano —Tolcayuca, Tepetitlán, Tlanalapa, San Agustín Tlaxiaca, entre otros— logran ordenar su territorio a tiempo o si terminarán repitiendo la misma historia que hoy define a Pachuca y Mineral de la Reforma: crecimiento primero, planeación después, y un costo ambiental y social que ya nadie puede revertir del todo.