En dos años, el gobierno estatal aplicó 50 sanciones administrativas contra servidores públicos, principalmente docentes y médicos, por negligencias, actos libidinosos, agresiones físicas y verbales, presentarse a laborar en estado de ebriedad, omisión de funciones, cobro indebido de cheques y mala atención.
De acuerdo con el reporte del Poder Ejecutivo estatal, 26 incidentes involucraron a trabajadores de la educación: nueve docentes, seis directores (uno de ellos con cargo de maestro), tres supervisores, un profesor investigador titular B y un profesor investigador asociado, ambos de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP).
También, un asistente de servicios, un asesor técnico pedagógico, uno adscrito como apoyo técnico pedagógico, además de un apoyo administrativo.
Según los datos del gobierno, algunos golpeaban alumnos con el consentimiento de la directora; otro besó en la boca y mejilla a una menor; se acreditó discriminación; cortar el cabello de un estudiante y solicitar el pago de un tratamiento a cambio de una calificación, entre otros.
El sector Salud acumuló 17 sanciones administrativas entre 2015 y 2016, de las cuales siete correspondieron a médicos: cinco cirujanos y dos generales; dos ginecólogos; un ginecobstetra; un director de hospital; un responsable de archivo clínico; una anestesióloga y un técnico laboratorista.
Asimismo, castigó al exdirector del Centro de Salud Tezoquipa, en Atitalaquia; así como el exadministrador del Hospital Obstétrico y el extitular del mismo nosocomio, Juan Cuéllar Torres.
Fueron omisos en vigilancia de paciente posterior al posoperatorio; negligencia y mala atención médica; irregularidad al asentar notas médicas, cobro indebido de consultas, entre otras, dice el documento.
El resto se aplicó a un subdirector de área de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales local (Semarnath), dos residentes de obra, un jefe de oficina A, un trabajador de soporte administrativo, un agente del Ministerio Público, así como un analista administrativo.
SANCIONES
54 por ciento fue resuelto en 2016, lo que equivale a 27; mientras, el resto fue dictaminado en 2015
En 19 casos se hicieron acreedores a inhabilitación temporal; 17, amonestación pública; nueve, amonestación privada; tres, apercibimiento privado y uno más apercibimiento público; solo un caso culminó en destitución.
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