El director jurídico de Pachuca, Armando Vázquez Reséndiz, informó que la empresa concesionaria de los parquímetros Comuni Park SA de CV interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra del Comité de Concesiones municipal para suspender el procedimiento de embargo dictado en la resolución por la que se rescindió el contrato.

En entrevista con Criterio, el funcionario explicó que la instancia le otorgó a la compañía la suspensión provisional, por lo que tuvieron que parar la incautación de los bienes; sin embargo, interpusieron un recurso de reclamación, toda vez que Moviparq “dolosamente omitió decirle al tribunal que sobre la sanción pesa una pena convencional de 216 millones de pesos por la cancelación del contrato”.

Lo anterior, explicó, porque la ley prevé que cuando hay un crédito fiscal la parte inconforme debe garantizar el pago de ese recurso por la suspensión que solicita.

No obstante, dijo confiar en que el órgano jurisdiccional fallará a su favor y confirmará que el procedimiento contra Comuni Park fue apegado a Derecho, mientras que la concesionaria fue omisa a responder los requerimientos que le hizo el ayuntamiento.

Aunque el embargo fue suspendido, el abogado expuso que aún pueden darse dos supuestos en el juicio: uno, “que el tribunal diga que tenemos razón, exhiba la garantía y cuantifique si piden (a Moviparq) todo o un porcentaje, pero si no la exhibe, la suspensión queda sin efectos (y procede el decomiso de bienes).

“O dos, que no exhiba la garantía a favor del municipio de Pachuca y conforme se vaya desahogando el juicio pedirle al tribunal de justicia que lo haga”, refirió.

Asimismo, puntualizó que dicho recurso se convirtió en un crédito fiscal que forma parte de los activos del municipio que se traduce en obras y servicios a favor de la ciudadanía.

Armando Vázquez puntualizó que, antes de ser notificados sobre el juicio, investigaban otros bienes de Moviparq para recuperar el recurso por rescindir el contrato y los 4.2 millones de pesos por la retención indebida de multas.

También, señaló que la concesionaria ha recurrido a un sinfín de amparos en contra de todas las secretarías del ayuntamiento y el alcalde. Los recursos fueron desechados por los jueces al considerar que “no podía demandar por demandar”, porque no son actos unilaterales, sino colegiados. “Eso nos da confianza, porque han sido erráticos en su estrategia de defensa y no tiene nada que aportar”.

Adela Garmez

Pachuca

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