El Congreso de Hidalgo aprobó, por 29 votos a favor, la expedición de la Ley de Educación Superior del estado, la cual contempla que a largo plazo, en un periodo de 10 años, la educación universitaria sea obligatoria y gratuita, a través de la creación de un Fondo Especial Estatal que se otorgue a las instituciones públicas de dicho nivel educativo.
De esta forma, se establece que habrá una “transición gradual hacia la gratuidad” la cual tiene la finalidad que no afecten las finanzas de las escuelas de nivel superior del estado, por lo que será a partir de 2024 cuando se comiencen a etiquetar recursos públicos para este objetivo en el Presupuesto de Egresos del estado.
Con esta aprobación, Hidalgo se convirtió en el quinto estado en armonizar sus leyes locales con la Ley General de Educación Superior, puesto que se sumó a Puebla, Sinaloa, Jalisco y Tlaxcala.
Por su parte, la diputada María Adelaida Muñoz Jumilla, presidenta de la Primera Comisión Permanente de Educación de la LXV Legislatura aseguró que para la expedición del nuevo ordenamiento se realizaron 70 horas de análisis en mesas de trabajo con instituciones de educación superior.
De igual forma, dentro de la iniciativa se establece la creación de un Instituto Coordinador de Escuelas Normales, el cual será un organismo descentralizado con autonomía técnica, además de implementar un Registro Estatal de Opciones para la Educación Superior que deberá ser creado por la Secretaría de Educación Pública del estado, en el cual se den a conocer los espacios disponibles en las instituciones de educación superior y los requisitos para su ingreso.
Finalmente, se contempla la creación del Sistema Estatal de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el cual deberá estar integrado por estudiantes, personal académico y administrativo, autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno, entre otros organismos y que tendrá como principal finalidad la mejora continua de los programas universitarios y su ampliación territorial de la oferta de educación en el estado de Hidalgo.
Hidalgo se une con Ley General de Educación Superior
La iniciativa fue originalmente presentada por la Primera Comisión Permanente de Educación el pasado 18 de abril. Posteriormente se analizó en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y se presentó ante el pleno este miércoles.
Dicha ley local se expidió debido a que existe una similar a nivel federal que fue aprobada en 2021 y en la que se incluye un artículo para que las legislaturas locales realicen una armonización a sus ordenamientos.
Dentro de las instituciones que fueron consultadas para la creación de la Ley de Educación Superior del Estado se encuentran la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), así como las universidades tecnológicas, politécnicas, pedagógicas, institutos tecnológicos, escuelas normales y particulares.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el Congreso de Hidalgo aprobó la tipificación del delito de reclutamiento de niñas, niños o adolescentes para cometer alguna conducta que esté castigada en el Código Penal, el cual se castigará con hasta multa de 400 días y 40 años de prisión en su punibilidad máxima.
A través de la adición del artículo 165 bis, se estableció que las sanciones para dicho delito iniciarán en 10 a 20 años de prisión y multa de 100 a 200 días, pudiendo llegar hasta el doble de esa punibilidad en los casos donde sea cometido por sus familiares hasta el segundo grado, adoptantes, se ejerza violencia en contra de la víctima o cuando los menores estén en condición de orfandad o situación de calle, así como si el perpetradores es un servidor público de una institución de seguridad pública.
Dicha reforma fue originalmente propuesta por la diputada Érika Rodríguez el pasado 11 de mayo, quien aseguró, con esta modificación el Congreso se convirtió en el primero a nivel nacional en tipificar este delito.
De igual forma, en el mismo dictamen se aprobó sancionar a quienes cometan el delito contra la libertad de expresión con uno a cinco años de prisión y multa de 50 a 200 días, esto a las personas que de manera dolosa impidan las labores de periodistas.
Además, se podría incrementar hasta en una mitad cuando el crimen sea cometido por una persona servidora pública, a quien también se le inhabilitaría para ejercer un cargo de ese tipo; esta modificación fue propuestas por el diputado Octavio Magaña y el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto.
Irving Cruz
