La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAH), Myrna Rocío Moncada Mahuem, no garantiza imparcialidad en su función, debido a que ha prestado sus servicios de auditoría externa al gobierno de Hidalgo, señalaron activistas, además de obviar esta parte en su declaración de conflicto de intereses.
Según su currículum, publicado por el organismo, entre 2009 y 2016 la contadora ha sido contratada por la administración estatal en universidades, el instituto de vivienda y los Servicios de Salud; además, Criterio documentó por lo menos una auditoría pagada por la Universidad Tecnológica de Tulancingo (Utec) en 2017.
De acuerdo con los documentos disponibles en la plataforma del SEAH, tanto la declaración inscrita ante la Secretaría de Contraloría como la presentada ante el Congreso local, la ahora presidenta por un año del CPC olvidó mencionar el posible conflicto de intereses que representaría para ella, como auditora externa del gobierno, el señalar posibles actos de corrupción.
Según la declaración de intereses para los candidatos al CPC, su despacho de auditoría percibe anualmente 905 mil pesos. En el documento aseguró no tener cuentas de ahorro, pero señaló mantener dos adeudos bancarios, uno por 323 mil pesos y otro por dos mil 400.
No obstante, en su declaración ingresada ante la Contraloría, firmada el 20 de enero de 2018, omitió informar de cualquier limitante en su declaración de Conflicto de Interés.
En el documento dijo tener cuentas e inversiones por 85 mil pesos, además de adeudos de 350 mil pesos. Patrimonialmente, reconoció contar con una propiedad en Valle de Tizayuca, en San Javier, valuada en 2 millones de pesos.
Para Pablo Vargas González, miembro de la Alianza Ciudadana Anticorrupción en Hidalgo (ACAH), los puestos en entes autónomos en Hidalgo han sido usados como trampolín para un espacio en el servicio público o una candidatura. Emplificó con el caso de Ximena Puente de la Mora, quien como comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) votó a favor de reservar información sobre los desvíos millonarios en el caso Odebrecht que involucra al extitular de Pemex Emilio Lozoya. Hoy, forma parte de las listas de diputados plurinominales del PRI.
“En Hidalgo esta situación ya se ha dado, hemos tenido organismos públicos que no son autónomos, donde quienes los presidían después los vemos en posiciones de gobierno”, señaló.
De acuerdo con el académico, el Congreso local debe realizar modificaciones a la ley que impidan que integrantes de organismos autónomos utilicen a éstos para acceder a otros encargos.
“Evitar que estas situaciones se sigan generando y que, por lo menos, quienes ocupen cargos en organismos autónomos tengan la restricción de no ocupar algún cargo público o electoral en por lo menos dos años de que dejen su encomienda”, planteó.
Vargas González criticó que la Comisión de Selección del SEAH, encabezada por Ricardo Rivera Barquín, fue conformada para escoger gente “con perfil contradictorio y conflictivo”.
“Lo que hizo el Congreso fue conformar un grupo muy ad hoc (la Comisión de Selección) para generar este Comité de Participación Ciudadana de muy bajo perfil que cuestiona la ciudadanización de estos órganos”.
El activista calificó como “fallido” el proceso, pues “deja mucho que desear” a quienes esperaban que el CPC se constituyera como contrapeso al poder político.
“Sobre todo en los momentos de opacidad e irregularidades escandalosas como ha sido recientemente, con casos urgentes de atender como Radio y Televisión de Hidalgo (SRTH), la Estafa Maestra y la triangulación de recursos en que incurrieron universidades públicas”, mencionó Vargas.
Por su parte, el coordinador de la bancada panista en el Legislativo, Luis Enrique Baños Gómez, consideró que pese a los señalamientos de las organizaciones se debe dar un voto de confianza al comité ciudadano.
“Toda selección de personas conlleva un riesgo. Yo tengo confianza en que la Comisión de Selección hizo un buen trabajo al determinar estos perfiles. Tengo confianza en que se está elevando el máximo interés del estado de Hidalgo y no de un grupo o partido político”.
Por ello, dijo el representante, los legisladores estarán “vigilando que hagan su trabajo”.
DECLARACIÓN
Según el currículum que el CPC hizo público, Moncada fue contratada para una auditoría al Instituto de Vivienda de Hidalgo (Invidah) en el ejercicio 2009; a la Corporación Internacional Hidalgo en el periodo 2010-2016, así como al Colegio de Ciencia y Tecnología del Estado en 2012 y 2013.
Además, al Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (Itsoeh), de 2013 a 2016, y a los Servicios de Salud de Hidalgo en 2016.
- 905 mil 574 pesos, la remuneración anual de Moncada como titular de despacho de auditoría.
- 1 inmueble en Tizayuca, dos vehículos, dos cuentas de ahorro y una de cheques.
- 3 gravámenes o adeudos: uno por 335 mil pesos (HSBC), otro por 20 mil 585 (HSBC) y uno por 5 mil 82 (Scotiabank).
Emmanuel Rincón I Pachuca
También te puede interesar:
