La construcción repentina e inesperada de un hotel —como parte del proyecto del Tren Maya— en medio de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, en Campeche, ha sorprendido a residentes de la región y a muchos conservacionistas, que ahora tratan de saber cuál será la consecuencia ambiental de esto en una de las selvas tropicales más grandes de Mesoamérica.
La constructora inició en enero las obras del proyecto, lo que disparó una gran preocupación entre los residentes de la región, debido a la deforestación y al riesgo que corre la preservación de la zona arqueológica que se encuentra dentro del área natural protegida.
“Había rumores de que se construiría un hotel y de que ya había personas haciendo mediciones en un área de construcción. Pero eran sólo eso: rumores —explica Carlos Mauricio Delgado Martínez, miembro de la organización no gubernamental Ocelot Working Group—. Nadie sabía bien lo que sucedería”.
Delgado comentó que estaba haciendo trabajo de campo cuando se topó con obreros de la construcción que cortaban árboles en medio de la reserva, muy cerca de la zona arqueológica maya de Calakmul y de un pozo de agua importante que alimenta a la vida silvestre. Supuestamente, el hotel se ubicará en un terreno de 3 hectáreas y tendrá unas 150 habitaciones. Si bien el edificio estará, técnicamente, dentro del terreno neutral de la reserva (donde se permite alguna construcción), también queda dentro de la zona designada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2002.
Los residentes informaron a Mongabay que se había trasladado maquinaria pesada a la zona durante la noche. Y hay, en todo el perímetro, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el organismo que supervisa la construcción del proyecto Tren Maya, para impedir que las personas se acerquen o tomen fotografías.
“Hay soldados en la zona arqueológica, miembros de la guardia nacional —indica Enrique Rodríguez Córdova, un guía turístico local—. Ninguno de nosotros se anima a protestar en una manifestación por miedo a lo que ellos puedan hacernos”.
El proyecto Tren Maya, de 1 525 kilómetros, tendrá siete líneas que conectarán los estados de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas. Están construyéndose seis hoteles a lo largo de diferentes puntos de la ruta; es un elemento nuevo del proyecto, que recién se anunció el pasado noviembre.
En cada paso del camino, la construcción ha estado plagada de decenas de mandatos judiciales que afirman que el gobierno está avanzando sin seguir las regulaciones ambientales. Sostienen que la construcción del tren pone en riesgo ecosistemas sensibles de cuevas y de bosques, y reubica por la fuerza a las comunidades locales e indígenas.
En 2018, alrededor de 100 comunidades fueron consultadas acerca del Tren Maya en cumplimiento de un tratado internacional que exige al gobierno reunirse con los residentes que puedan verse afectados por los proyectos de desarrollo y obtener su aprobación para su ejecución. Según informaron a Mongabay residentes y grupos medioambientales, no se mencionó ningún hotel en esa reunión. Y los planes de construcción originales del Tren Maya no incluían hoteles.
Tampoco existen registros de la declaración de impacto medioambiental del hotel ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Según la respuesta a un pedido de documentación, no se autorizó ninguna construcción de hotel ni el uso de ningún terreno en Calakmul:
“No se tiene registro alguno relacionado con autorizaciones, autorizaciones provisionales, permisos, licencias, aprobaciones, anuencias, pases o, en general, cualquier tipo de acto de autoridad que tenga como objetivo la planeación, aprobación, construcción y/o ejecución de un hotel dentro del polígono del área natural protegida denominada Reserva de la Biosfera Calakmul en el estado de Campeche”.
Sin embargo, la construcción del hotel aún podría ser legal. En 2021, en respuesta a la ola de mandatos judiciales que intentan detener el proyecto, el gobierno anunció que el proyecto Tren Maya era un tema de seguridad nacional, un argumento que ha sido criticado por expertos en leyes. Esto le permitió a la Sedena continuar con la construcción sin consultar con las comunidades locales ni realizar estudios de impacto medioambiental, entre otras regulaciones estándares.
“Podría ser un trabajo de interés público, por supuesto. Nadie lo niega. Pero no tiene nada que ver con la seguridad nacional”, señala Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). “No tiene nada que ver con la soberanía ni con una amenaza contra el Estado, el orden constitucional o la defensa del país”, agrega Alanís.
Los residentes, al no encontrar muchas vías de diálogo con el gobierno, han recurrido a completar formularios de denuncias en línea.
“No hay manera de hablar con el gobierno, o al menos no la hemos encontrado —plantea Ana Esther Ceceña, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica—. Muchos investigadores en este ámbito se han manifestado acerca del agua, de los cenotes, de la selva… de todo. No podemos encontrar la manera de hacer que nos escuche”.
A los residentes les preocupa que un hotel grande afecte la economía local, ya que la mayoría de los alojamientos cercanos a las ruinas mayas son pequeñas empresas familiares. Pero también les preocupa que semejante hotel tenga un efecto expansivo hacia el bosque y hacia los sitios arqueológicos circundantes, incluso después de finalizada la construcción.
“Una vez que se construye un hotel así —explica Ceceña—, existe una cantidad de problemas relacionados con el agua, los desperdicios, la provisión de alimentos… Todo eso se meterá en el corazón de la reserva”.
Con información de Animal Político
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