El presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Ministro Luis María Aguilar Morales, ordenó una investigación para identificar relaciones o vínculos familiares entre servidores públicos del Poder Judicial.

La orden fue dictada el 26 de septiembre y su ejecución corresponde a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, que envió oficios a los más de mil 400 jueces y magistrados federales de todo el País para interrogarlos, bajo protesta de decir verdad, sobre sus vínculos.

La orden del Ministro presidente, informada ayer en un comunicado, se dicta a más de un año de la publicación de un estudio de julio de 2017, que reveló que familiares de al menos 500 jueces y magistrados federales tienen empleo en tribunales de todo el País.

“Informe si tiene relación conyugal o de concubinato, o vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad, con algún servidor público adscrito a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito o áreas administrativas del CJF, o que lo hubieran sido en los últimos cinco años”, dice el oficio, firmado por el titular de la Unidad de Responsabilidades, Herbert Torres.

Los juzgadores tenían tres días hábiles para contestar vía un sistema de intranet de la Judicatura.

El estudio de 2017, realizado por el consejero Felipe Borrego, abarcó todos los circuitos judiciales, salvo la Ciudad de México, que es el más grande.

Borrego concluyó que un total de 112 jueces y Magistrados consiguieron empleo a sus esposas o parejas, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. Otros han dado empleo a yernos, concuños, sobrinos, tíos y suegras.

El tema fue retomado en agosto pasado por un investigador del CIDE, qué sostuvo que 51 por ciento de jueces y Magistrados tienen al menos un pariente laborando en el mismo circuito que ellos.

La investigación que ahora ordena Aguilar Morales es para que el CJF cuente con información certera, confiable y verificable, y tome las decisiones conducentes para fortalecer la carrera judicial.

“El espíritu de este ejercicio es identificar las áreas de oportunidad encaminadas a fortalecer los procesos de selección, promoción y designación de los servidores públicos del CJF”, agregó el órgano judicial.

La presidencia de Aguilar termina al cierre de diciembre, por lo que cualquier medida de largo plazo tocará a su sucesor.

De 2015 a 2017, sólo cuatro magistrados de Circuito recibieron sanciones administrativas por este tipo de conductas, y uno más estuvo bajo investigación.

Víctor Fuentes y Abel Barajas
Agencia Reforma