Aunque ambientalistas y el gobierno estatal han exigido que la federación implemente acciones para revertir el daño ecológico generado en la región Tula, la restauración de la zona requiere recursos y tiempo.
Para comenzar las labores, se requiere que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emita de manera formal la declaratoria de emergencia, que anunció desde 2019 el extitular de la dependencia federal Víctor Manuel Toledo Manzur, pero que no concretó.
De acuerdo con el titular de la instancia homóloga estatal (Semarnath), Said Javier Estrella García, dicha medida permitiría que la entidad acceda a recursos etiquetados por el Congreso de la Unión, pues se requieren más de 29 mil millones de pesos, lo que equivale a cerca de la mitad del presupuesto anual del estado.
Al respecto, Angélica Violeta Arellano Ángeles, secretaria del Consejo Directivo de la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir, planteó que una de las acciones en que la asociación trabajará este año será presionar al gobierno federal a que emita la declaratoria de emergencia, a fin de que se concreten acciones de restauración ecológica.
La activista adelantó que se acercarán a las instancias correspondientes.
“Se tiene que retomar el tema de la declaratoria. No podemos esperar más y el gobierno no puede salir otra vez con que no emite la declaratoria, porque ya es urgente y lo vamos a retomar lo más pronto posible”, señaló.
Por otra parte, ante un eventual proyecto para la ampliación del río Tula, Arellano Ángeles advirtió que los ambientalistas se opondrán, ya que afirmó que no es una solución viable para evitar anegaciones, pues únicamente trasladaría el problema a otros municipios de la zona e implicaría la tala de árboles.
Explicó que, aunque no hay un proyecto formal por parte de los gobiernos municipal, estatal o federal, el empresario Noé Paredes Carbajal ha planteado la realización de “obras mayores” en el afluente.
“Ante el Congreso local o federal o a las instancias necesarias, vamos a plantear el tema para que no se lleve a cabo porque más que un ecocidio, sería un genocidio. No podemos permitir que pavimenten el río, porque esto no garantiza que no se repita una inundación”, reiteró.
En tanto, el antropólogo e ingeniero civil Dean Chahim ha advertido que la ampliación del afluente no soluciona el problema y pone en riesgo de anegaciones a zonas que están “aguas abajo”, como Ixmiquilpan.
Por otra parte, para reducir el riesgo de inundaciones en Tula y el resto de los municipios de la región, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estableció planes de acción a corto, mediano y largo plazo para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
Esto, mediante una agenda de medidas que contempla, en una primera etapa, continuar con la atención a los sistemas de agua potable, así como un diagnóstico para revisar las condiciones en que se encuentran.
En una segunda etapa, se prevé realizar —en coordinación con las autoridades municipales, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y la Conagua— una planificación y un protocolo de operación del sistema hidrológico de la zona metropolitana del Valle de México e Hidalgo.
Además, se llevará a cabo un análisis de la infraestructura propuesta por los presidentes municipales, mediante un estudio de factibilidad que permita asegurar que las obras tengan un verdadero impacto social en la población.
Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), se evaluarán técnicamente las zonas donde se realizarán obras de desazolve del río Tula.
SOLICITUDES DE LEGISLADORES
Legisladores locales han hecho exhortos para que el gobierno federal emita la declaratoria de emergencia para la región Tula
El primer llamado se realizó en marzo de 2020, con la finalidad de que se publicara la declaratoria de emergencia ambiental en el Diario Oficial de la Federación (DOF); además, en octubre de este año, se hizo la misma petición
Yuvenil Torres I Pachuca
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